Aparcar “sine die” el ambicioso
proyecto de la Ley antialcohol ha sido recibido con entusiasmo por
Instituciones, partidos, asociaciones profesionales agrarias y,
especialmente, vitivinicultores de Baleares, ante la polémica
suscitada por el hecho de que se trataba al vino (fruto de riqueza de
gran parte de comunidades españolas incluida la balear) como
toda bebida alcohólica con graduación
alcóhólica igual o superior al 1,12 por ciento.
Todas las asociaciones y organizaciones
dependientes o “amigas” del vino han clamado desde hace
semanas por tratar a un producto tan conocido y “tan
español” como el vino de esta manera ya que, el borrador
ministerial limitaría el desarrollo del sector y, por ejemplo,
el patrocinio de equipos deportivos por este sector quedarían
tajantemente prohibidos.
Hacía semanas que muchas empresas
relacionadas con el sector alertaban de los graves perjuicios que
podía causar la normativa. El clamor del sector y de otros
auxiliares fue unánime al exigir la exclusión del vino de
las limitaciones generales previstas en la futura normativa que suponen
restricciones tanto publicitarias como comerciales.
Las respuestas
Desde Unió de Pagesos han considerado
“acertada” la retirada del borrador de la ley de
prevención del alcoholismo entre los menores al que tildaban de
“criminalizar el vino” por considerar que el texto
“ponía en el mismo nivel el vino que los destilados
alcohólicos y limitaba seriamente su distribución y
publicidad”.
Así, esta medida “hubiera acabado
perjudicando de una manera muy notable una producción
mediterránea como es el vino”, mientras que el resto de
bebidas alcohólicas “no hubieran tenido problemas en su
creciente incidencia social”.
Según el sindicato agrario, “el
principal defecto del borrador ahora retirado es que no era fruto de
una labor de consenso con el conjunto de la sociedad”, al tiempo
que han apuntado que “las medidas de prevención del
consumo de alcohol en menores deben ser compatibles con el trato
legislativo adecuado” de un producto que “representa
valores culturales, gastronómicos y económicos de
considerable importancia para la sociedad española”.
Por su parte, el director de la empresa
pública Semilla, dependiente de la Consejería de
Agricultura, Joan Simoné, ha acogido “con
satisfacción” la retirada del anteproyecto aunque ha
asegurado “saberle mal haber llegado a esta
situación” ya que, ha matizado, “no sabemos si
todo fue un globo sonda del ministerio o desconocimiento de un sector
con arraigo económico y cultural en la sociedad”.
Asimismo, ha dicho que antes de retomar este asunto, “hace falta
saber si es necesaria la ley y si la norma solucionará los
problemas que se dice debía resolver”.
El presidente de la Asociación de
Pequeños Cellers de Mallorca Antoni Darder, y su homólogo
al frente de la patronal agraria Asaja-Baleares Biel Company estuvieron
de acuerdo al calificar como “positiva” la decisión
del Gobierno, aunque Company ha ido más lejos arremetiendo
contra los motivos que, en su opinión, han movido al Ejecutivo
central a no seguir adelante con la tramitación de la normativa.
Según Company, es una
“sinvergonzonería” por parte de la
Administración central supeditar el funcionamiento del sector
vitivinícola a los resultados electorales de los próximos
comicios de mayo, ya que “da la sensación de que
sólo lo aplazan para no salir perjudicados en las elecciones,
sin que les importe en absoluto la opinión de los
productores”.
La cronología
La llamada “sargento de Hierro” del
Gobierno Zapatero, Elena Salgado, no quiere hacer amigos. Si lo
demostró con su “cacareada y criticada”
petición hace escasos meses a una conocida franquicia de comida
rápida para retirar, tanto los anuncios como el mismo producto
de su establecimiento, la hamburguesa XXL de Burguer King; no se ha
quedado atrás con el anteproyecto de su ambiciosa Ley
Antialcohol donde pretendía reducir el consumo de vino y su
publicidad llevando al sector vinícola (y al de la cerveza), a
equipararse con otros licores con una graduación mucho
más elevada y quedando en clara desventaja.
La intención principal de Salgado era buena,
evitar la iniciación temprana en el alcohol. Los últimos
datos aseguran que los jóvenes españoles son los primeros
en consumir bebidas alcohólicas y la media se sitúa en
los 13 años e incluso la Sociedad Española de Urgencias
de Pediatría ha alertado recientemente sobre el aumento de
intoxicaciones por alcohol entre niños y niñas de 14, 13,
12 e incluso 11 años. Además, según la
Organización Mundial de la Salud, el consumo abusivo de alcohol
es un importante problema de salud pública en todo el mundo que
está directamente relacionado con el desarrollo de más de
60 enfermedades.
“El objetivo fundamental de esta norma es
proteger la salud de los menores de 18 años mediante acciones en
distintos ámbitos que permitan prevenir y reducir el consumo de
alcohol, un fenómeno que se ha extendido en los últimos
años en nuestro país con consecuencias muy negativas para
su salud y para su desarrollo físico, intelectual y
personal”.
Durante semanas, la ministra Salgado no ha hecho
caso al mar de críticas recibidas ni a la presión
mediática; incluso la vicepresidenta del Ejecutivo balear Rosa
Estaràs envió una carta al Ministerio instando a retirar
esas medidas perjudiciales para el sector vitivinícola,
recalcando que el vino es una seña de indentidad de toda la zona
mediterránea que no debe ser comparada con otras bebidas
alcohólicas “más fuertes” como, por ejemplo,
el whisky.
Pero el pasado martes la cosa cambió. Dicen
las malas lenguas que el propio José Luis Rodríguez
Zapatero ha tenido que desautorizar a Salgado ya que las
próximas elecciones autonómicas de mayo pesan mucho sobre
los socialistas y la “fijación de Salgado”
podía costar al Partido Socialista miles de votos a los
suyos. Más aún, aseguraban que la brecha con los
populares en comunidades innegablemente afectadas por esta Ley, como La
Rioja y Castilla León, se haría más ancha
todavía mientras que los socialistas de estas comunidades no
entendían tal ataque contra una de sus señas culturales y
económicas.
La frustrada Ley antialcohol,
“provisionalmente” se convierte así en el primer
proyecto que retira el Ejecutivo. La ministra Elena Salgado ha
preferido “eliminarlo a cambiar cosas” pero lo que no se le
puede echar en cara la titular de Sanidad es que este anteproyecto no
fuera honesto. Quizá, los métodos para conseguirlo no ha
sido los más acertados.
