Es verdad, sin embargo, que la Constitución
española tenía en su seno una inspiración federal
–como tantas veces se encargó de recordar el ex Conseller
Forcades-, lo cual hizo que con el devenir de los años la
influencia de los parlamentos y gobiernos autonómicos fuese cada
vez más relevante, forzando a veces el marco competencial, y
atendiendo con ello un amplio espectro de las cuestiones
públicas, hasta encontrarnos con la situación actual.
De hecho, esta concepción de prestadora de
servicios, ha tenido su culminación en los años recientes
con la atribución por parte del Estado a las Comunidades
Autónomas –y con el consentimiento de éstas-
de las competencias que son inherentes al llamado Estado del
Bienestar. Así, educación, sanidad y servicios sociales.
O, dicho de otra manera, al margen de educación, las
autonomías han asumido competencias del ámbito de la
Seguridad Social, lo que desde finales de los años noventa, que
es cuando se inicia el proceso, ha constituido un profundo cambio
cualitativo en la configuración del Estado español,
entendido en sentido amplio.
Una prueba palpable de esta situación la ha
dado, de manera colateral, el nuevo Estatuto Autonomía de
Cataluña, al establecer que, en el terreno de la
financiación, el ejercicio del principio de solidaridad con las
demás comunidades autónomas se centrará
precisamente en estas materias (educación, sanidad, servicios
sociales). El Estatuto balear también contiene una
previsión similar.
Como elemento añadido al anterior, hay que
destacar que la intervención de los gobiernos autonómicos
está teniendo una importancia creciente en las llamadas
cuestiones relativas a la economía. En este sentido, la
Constitución española, aunque mantiene esencialmente la
economía en manos del Estado, no se opone a que las
autonomías puedan realizar acciones económicas cada vez
más intensas, como en la práctica está sucediendo
y así reconocen los Estatutos. Tal es el caso de la
autonomía balear.
La clave de la intervención
económica, considerada desde la óptica particular
de la autonomía balear, es la siguiente: Desde hace
tiempo, estamos asistiendo a la constatación cada vez más
clara de que el mundo está cambiando sensiblemente. El cambio
está siendo tan profundo que se puede incluso hablar de un
cambio de época. Esto hace que las bases de la
economía balear se estén viendo sensiblemente afectadas.
Como resultado de estos fenómenos, nuestra
Comunidad Autónoma ha asumido en la práctica, sobre todo
desde la segunda mitad de los años ochenta, funciones de
intervención económica. No obstante, debe matizarse que
de acuerdo con las concepciones imperantes, así como con el
marco legal existente y las posibilidades reales de
financiación, estas intervenciones se han realizado desde lo que
en la teoría económica se conoce como el “lado de
la oferta”.
Es necesario recordar que, desde una óptica
sectorial, los ámbitos esenciales donde se juega el futuro de la
economía de Baleares, su competitividad y su posicionamiento
tanto en el conjunto de la economía española, como la
economía europea y la economía internacional, son
básicamente tres: En primer lugar, el turismo, con
carácter obviamente prioritario, e incluyendo en el mismo las
cuestiones relativas al territorio y las del medio ambiente. En segundo
lugar, la industria, que tiene una clara tradición en el
territorio balear, que presenta todavía potencialidades, pero
que está inmersa en un profundo e incierto proceso de ajuste
estructural y de adaptación a las nuevas circunstancias. Por
último, pero no menos importante, la inserción efectiva
de nuestra economía en la llamada sociedad del conocimiento, que
está llamada a tener un efecto horizontal positivo en el
conjunto de la actividad económica y la sociedad.
Como puede advertirse, se trata de ámbitos
cada uno de ellos con características específicas, cuya
dinámica externa perturba la estabilidad de nuestra
economía, que tienen derivaciones importantes (como es el caso
de la cuestión del capital humano) y que están suponiendo
reestructuraciones, tanto en el marco general de la economía,
como en el interno de las empresas, de no pequeño relieve.
Dicho de otro modo, todo este conjunto de factores
conforma un nuevo escenario en el que las bases económicas de
las Islas Baleares necesitan de una redefinición y
adaptación permanente a las nuevas circunstancias. Por cierto,
que hay que matizar que en no pocas ocasiones, no se trata tanto de la
obsesión por crecer, como de mantener y asegurar una
posición competitiva.
Es por ello, que desde la óptica de la
acción pública, esto conduce a una gestión de las
cuestiones económicas donde lo relevante es favorecer la
capacidad de ajuste y adaptación del conjunto de la estructura
económica, y donde prima más el aumento de la
productividad y la competitividad que el de la capacidad de
producción.
Así se explica que en este contexto de
“cambio del mundo” es donde el sector público
autonómico debe ejercer un papel de primera magnitud. Este papel
consiste, en primer lugar, en el desarrollo de una capacidad de
liderazgo en donde el sector público, en coordinación con
los agentes sociales y las entidades representativas de la sociedad
civil, se convierta en el faro o guía de identificación
de las nuevas tendencias y de las realidades emergentes. Esta capacidad
de liderazgo parece cada vez más necesaria. Al mismo tiempo, el
liderazgo debe ir acompañado de la realización de una
serie de funciones y políticas propias del ámbito
autonómico (ya sean políticas propias o en
coordinación estrecha con el Estado) que deben ir
acompañadas de la consiguiente dotación de recursos, pues
en este nuevo contexto la dotación de capital (público y
humano), o el apoyo a las adaptaciones, también está
pasando a ser un factor determinante.
Estas funciones y políticas, que abarcan
cuestiones tales como el apoyo hacia la actividad empresarial; dentro
del mismo, el apoyo singularizado hacia las PYMES; o las
políticas hacia el medioambiente o hacia las infraestructuras
son, por tanto, el fruto de la evolución de la economía y
la sociedad. En el caso de las Islas Baleares son, además, el
exponente de una necesidad particular acuciante, que no es otra que la
de hacer frente al retraso de modernización que en algunos
aspectos esenciales presenta nuestra estructura económica.
Conviene advertir que propugnar un papel esencial
para el sector público no debe ser malinterpretado ni mal
dirigido. Concretamente, la iniciativa privada debe desempeñar
su tradicional y decisivo impulso en el desarrollo económico,
como siempre así ha sido desde los albores del desarrollo balear
en los siglos XIX y XX. Por tanto, sería ridícula
cualquier pretensión de sustituirla. Lo que sucede es que los
cambios están siendo tan acusados, y según cierta
perspectiva, tan inesperados, que es difícil pensar que se pueda
reproducir el esquema de un protagonismo casi exclusivo de la
iniciativa privada coincidiendo con un perfil bajo de la actividad
pública. Comportarse así sería un error notable y
de consecuencias nefastas.
Al contrario, hoy más que en el pasado, el
sector público y la sociedad civil se necesitan mutuamente y
juntos deben realizar la difícil travesía de la
adaptación y el ajuste de nuestra economía.
