Marina M. Ballestero. Palma. La polémica sobre la política comercial en
las Islas está servida. Mientras unos apelan a la legalidad y a
la libertad, otros basan su discurso en el sentido común y en el
equilibrio, promulgando leyes como la Ley de Ordenación de la
Actividad Comercial en las Islas Baleares (11/2001), que ha sido
calificada por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) como una
de las normativas más restrictivas a nivel nacional. Esta norma
legisla con detalle todo lo relativo a los grandes establecimientos
comerciales, su definición, su apertura, horarios y
funcionamiento, estableciendo limitaciones “para ordenar el libre
comercio con igualdad de oportunidades”, según el
conseller del ramo, Josep Juan Cardona. ¿Qué intereses
busca satisfacer esta ordenación del sector, los de los
ciudadanos o los del pequeño y mediano comercio? El Govern lo
tiene claro, su principal objetivo es favorecer un equilibrio e
igualdad de condiciones para grandes y pequeños, aunque eso cree
ineficiencias y rompa el mercado.
